Vamos a analizar cuál es el papel de los abogados en los contratos con la Administración Pública, que son dos por la Ley de contratos del Sector Público o contratos del Estado. En ellos se regulan las relaciones contractuales, generalmente, por compra de bienes y servicios entre la empresa privada en distintos ámbitos: la Administración Pública, Estatal, Autonómica o local.
Objetivos de la ley
Esta ley tiene como objetivo, según pone de manifiesto su propio preámbulo, el conseguir una mayor transparencia en la contratación pública, además de una mejor relación calidad-precio, y declarando la obligatoriedad de los órganos de contratación de velar porque los criterios de adjudicación permitan obtener tanto obras, suministros como servicios de gran calidad, en concreto mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto de los contratos del sector público.
También tiene por objeto el garantizar que esta ley se ajuste lógicamente a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. También ha de velar y asegurar, teniendo en cuenta por supuesto los objetivos de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
¿Qué organismos públicos se consideran sujetos a contratación?
Resumimos brevemente cuáles son estos organismos sujetos a este tipo de contratación:
-Lógicamente, La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
-Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
-Organismos de carácter autónomo, entidades públicas empresariales, Universidades Públicas, Agencias Estatales y otrasa entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo.
-Sociedades mercantiles en los que la participación, directa o indirecta, de entidades públicas sean superior al 50%.
-Fundaciones con una participación pública mayor del 50%.
-Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
-Otros.
Exigencias del contratista
Las exigencias que la Administración ante un contrato de este tipo son la exigencia de solvencia, así los empresarios han de acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas tanto de solvencia económica y financiera como de carácter profesional o técnico. Esto lo deberá determinar el órgano de contratación pertinente. Estos requisitos mínimos de solvencia que ha de tener el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación. Además, serán especificados en el pliego del contrato.
Los empresarios también han de acreditar su capacidad de obrar. Esto se hará bien mediante una escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, y en ellos se harán constar las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público pertinente. Si se da el caso de no ser españoles, los empresarios se acreditarán por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España del Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
El conocimiento y el apoyo de abogados especialistas en contratos del sector público es fundamental para llevar a buen término la contratación. Es necesario que los abogados tengan un mínimo de experiencia en este sector, para poder defender con solvencia los intereses del cliente, mediante los recursos necesarios ante las Administraciones Públicas. Las labores de los abogados han de cubrir todas estas áreas:
- Contratación pública en todas sus fases: licitación, ejecución, extinción y liquidación de contratos.
- Resolución de controversias: recursos especiales y administrativos.
- Infraestructuras y servicios públicos.
- Recursos naturales y sistemas de protección ambiental.
- Litigación ante los tribunales.
- Ayudas y subvenciones.
- Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
